Washington denuncia ataques a la libertad de prensa en España por políticos polarizados
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Reporteros sin Fronteras informó de que había un número en aumento de periodistas que sufren acoso
02 may 2024 . Actualizado a las 05:00 h.El último informe anual del Departamento de Estado de EE.UU. sobre derechos humanos, publicado el pasado 22 de abril, advierte de los riesgos que amenazan a la libertad de prensa en España. «Hubo algunos informes sobre funcionarios gubernamentales y políticos que acosaron verbalmente a ciertos medios de comunicación y periodistas específicos. Reporteros sin Fronteras (RSF) informó de que había un número creciente de periodistas que sufrían acoso en las redes sociales por parte de políticos polarizados y trolls», señala el documento, que también recoge que el pasado julio RSF condenó la prohibición y exclusión de varias organizaciones de noticias de las conferencias de prensa después de que el Tribunal Supremo español dictaminara en marzo del 2021 que tales acciones por motivos de «hostilidad» hacia un partido político no violaban la Ley del Régimen Electoral General, al no afectar a los comicios.
La no reforma de la ley mordaza
El informe de Washington apunta también a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, la conocida como ley mordaza, aprobada en el 2015 durante el Gobierno de Mariano Rajoy, y destaca que el 14 de marzo del 2023 el Congreso de los Diputados no logró su reforma —ERC y Bildu la tacharon de insuficiente— «reforzando cláusulas sobre el uso de equipos antidisturbios, incluidas balas de goma por parte de agentes de seguridad, penalizaciones por insultar o desobedecer a un agente de seguridad, y disposiciones que respaldan la devolución». De hecho, varias oenegés, incluidas Amnistía Internacional, Greenpeace y Defend the Defenders, declararon que «la decisión contra la reforma seguiría impactando negativamente en los derechos humanos».
El documento recuerda que RSF instó al país a adoptar medidas recomendadas por la Comisión Europea para luchar contra las Demandas Estratégicas contra la Participación Pública (SLAPP) para proteger a los periodistas contra el mal uso de la ley mordaza. Esta misma organización de reporteros afirmó que la policía continuó arrestando a periodistas, y que los tribunales en ocasiones favorecían la versión de los hechos de la policía sobre la de los periodistas. RSF también denunció que miembros de la prensa fueron sometidos a demandas que buscaban negarles su derecho a proteger la confidencialidad de sus fuentes.
Varias oenegés informaron de que la policía sigue restringiendo la libertad de expresión de las personas imponiendo multas por ello en virtud de la ley mordaza, que permite multar con hasta 600 euros por desobedecer órdenes, incluso si la persona no está involucrada en una actividad ilegal.
RSF documentó que hubo personas y empresas que presentaron demandas contra medios de comunicación que los criticaban, lo que llevó a los medios más pequeños a practicar la autocensura, sostiene este informe.